La represión económica en la provincia de León durante la Guerra Civil y la posguerralas incautaciones de bienes

Resumen

En esta tesis doctoral he analizado el desarrollo de la legislación de incautación de bienes puesta en práctica por el régimen franquista en la provincia de León. El hecho de que la sublevación militar triunfara relativamente rápido en buena parte del territorio leonés favoreció que, desde un primer momento, las nuevas autoridades se encontraran en disposición de aplicar un conjunto de medidas que tenían una doble finalidad. Por un lado, permitían la represión de los vencidos, en este caso, privándoles de los recursos materiales necesarios para garantizar su supervivencia. Por otro, los sublevados obtenían una serie de medios que les permitía financiar el esfuerzo bélico. Esta doble finalidad se podía apreciar en diferentes prácticas. Sin embargo, la que tuvo un mayor desarrollo e impacto fue la tramitación de expedientes de responsabilidades civiles y políticas. Desde el momento en el que se produjo la sublevación militar, las nuevas autoridades locales se dedicaron a saquear e incautar de forma arbitraria e irregular las sedes de los partidos políticos y sindicatos de izquierdas, pero también los recursos de aquellas personas que ya habían sido asesinadas por su ideología política, a las que habían huido para evitar los efectos de la guerra y la represión o se encontraban luchando en alguno de los frentes de guerra. Esta práctica, profundamente efectiva, empezó a ser regulada, centralizada e institucionalizada en un claro intento de crear un marco discursivo que permitiera justificar y legitimar el golpe de Estado, la Guerra Civil, la futura Dictadura y la represión política. Para ello, en primer lugar, se promulgó el Decreto n. º 108 de 13 de septiembre de 1936 y el Decreto-ley de 10 de enero de 1937, unas medidas que permitieron la introducción de las responsabilidades civiles dentro del entramado represivo y la creación de las primeras instituciones encargadas de su gestión. Cuanto esta legislación se volvió totalmente inoperante debido al elevado volumen de la actividad represiva, el régimen franquista promulgó la jurisdicción de responsabilidades políticas con la que garantizaba que, bajo ningún concepto, los grandes responsables políticos quedaran sin su correspondiente sanción. Esta legislación comenzó a liquidarse en 1945, cuando la Dictadura estimó oportuno abandonar las posturas más rigurosas en materia represiva. Por lo tanto, entre 1936 y 1945, miles de leoneses fueron sometidos a unos procedimientos en los que se les acusó de todo tipo de «delitos» relacionados con la aplicación de la legislación republicana y con el ejercicio de las libertades individuales.