“mecanismos y límites de la justicia transicional colombianaespecial referencia a las amnistías e indultos”

Zusammenfassung

El conflicto armado en Colombia ha configurado por más de 60 años dinámicas violentas, restrictivas y violatorias de de los Derechos Humanos, permeando a la sociedad desde sus aspectos poblacionales, económicos, culturales, y ante todo, desde el espectro personal, que es vulnerado por relaciones de poder desbordadas y arbitrarias, junto con las actividades que buscan contravenir el orden del Estado social de Derecho. Con todo, la sociedad colombiana ha reclamado a cada una de las instituciones existentes, una respuesta desde la perspectiva de reparación y garantías de no repetición como resultado de los hechos que les han dado la categoría de víctimas. Sin embargo, la respuesta ha sido precaria pese a los intentos por frenar las convulsionadas confrontaciones con los grupos al margen de la ley, por ejemplo, desde 1982 se buscó en el gobierno de Belisario Betancur el primer acuerdo de paz, y producto de esta, la primer ley de amnistía, configurándose desde allí, un común denominador en los gobiernos, hasta la actualidad, haciendo especial hincapié, en el gobierno de Juan Manuel Santos, en el que se produjo Acuerdo Final de paz con las FARC-EP, una de las guerrillas más antiguas del continente. A partir de este hito, se configura todo un conglomerado normativo en función de materializar cada uno de los acuerdos, por medio de mecanismos judiciales y no judiciales, llevando a los perpetradores de la violencia a decir la verdad de los hechos y ser acreedores de condenas, así como el otorgamiento de indultos y amnistías por los delitos políticos relacionados y los conexos. Estos, poseen unas características específicas para ser categorizados como tal, sin embargo, no son del todo objetivas y presentan gravísimos problemas de seguridad jurídica y del cumplimiento a las víctimas, pues se entienden como actos tendientes a la impunidad. Así pues, se pretende esbozar los asuntos claves para entender la problemática y ajustar los procesos para llevar a feliz término lo acordado en el marco del respeto por los DDHH, el DIH y todo el sistema universal y regional de protección.