El presidencialismo mexicano en su contexto históricoinstituciones y actores

  1. Torre Jaramillo, Eduardo Sergio de la
Dirigida por:
  1. María Esther del Campo García Director/a

Universidad de defensa: Universidad Complutense de Madrid

Fecha de defensa: 29 de noviembre de 2019

Tribunal:
  1. Consuelo Laiz Castro Presidente/a
  2. Gema Sánchez Medero Secretario/a
  3. Aída Díaz Tendero Bollain Vocal
  4. Miguel Angel Barreda Diez Vocal
  5. Juan Antonio García Amado Vocal

Tipo: Tesis

Resumen

Esta investigación estudia al poder ejecutivo en los siglos XIX, XX y XXI; se diferencia de lo que han publicado los especialistas en derecho constitucional, economía, historia, ciencia política clásica, entre otras disciplinas; ya que se aplicó una vertiente novedosa de la ciencia política contemporánea que es la del nuevo institucionalismo histórico, que nos permite estudiar el funcionamiento del presidencialismo mexicano desde su propia dependencia histórica. En la primera parte de la investigación se aborda un análisis que muestra como errático el diseño institucional establecido en la primera constitución política del año 1824, porque se corresponde a una traducción errónea de la constitución norteamericana de 1787 que de origen, trajo una debilidad estructural a la institución presidencial durante un poco más de tres décadas porque al instaurarse la Vicepresidencia no se votaba en fórmula con el Presidente de la República, sino que se realizaba en otro proceso diferenciado: de manera indirecta desde el poder legislativo federal y los poderes legislativos locales. Posteriormente, ya en la segunda mitad de ese mismo siglo, en la segunda carta magna mexicana fechada en 1857; persistió la debilidad de la institución presidencial, muy a pesar de los ajustes institucionales, como la supresión de la Vicepresidencia de la República y de la Cámara de Senadores; empero, en ese suceso fueron los factores externos como las guerras con Francia y los Estados Unidos, aunados a la guerra civil con los conservadores, lo que provocó que prácticamente el desenlace presidencial en ese siglo, fuera la dictadura como una solución temporal y después generacional al funcionamiento autoritario de la institución presidencial. México ya instalado en el siglo XX, se produce la Revolución Mexicana, con la intención de articular un nuevo pacto social a través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, la que sustentó durante sesenta y cinco años la ideología revolucionaria, en la cual, desde los años treinta se incubó y consolidó el presidencialismo mexicano con las nuevas características políticas, adquiriendo una fuerza más allá de lo mandatado en la propia constitución política. Si bien se asumió como una institución muy fuerte que controlaba la economía, la política, las finanzas públicas, las relaciones exteriores, nulificando la división de poderes y teniendo como reforzamiento al partido hegemónico en sus diversas etapas como lo fue el Partido Nacional Revolucionario en 1929, el Partido de la Revolución Mexicana en 1938, y el Partido Revolucionario Institucional en 1946; es pertinente comentar que en esta investigación se fechó, que esa fortaleza duró un poco más de seis décadas, particularmente de 1934 a 1997, ese es el periodo que consideré en el que se mantuvo aquel presidencialismo metaconstitucional, como se le llamó desde el institucionalismo histórico clásico que fue más de corte normativo. Paradójicamente, el desmantelamiento de esa fuerza política provino de los mismos presidentes de la República a través de una serie de reformas económicas, judiciales, político-electorales y de la creación de los órganos constitucionales autónomos; indudablemente, el primero que obtuvo la autonomía plena en el año de 1994 fue el Banco de México, que vino a despresidencializar la economía mexicana. Posteriormente, en ese mismo año, se produjo la reforma al poder judicial con la que se inaugura prácticamente, su independencia del poder ejecutivo; después se realizó una reforma electoral que introduce el financiamiento público hacia los partidos políticos, lo que viene a equilibrar la disputa electoral de la oposición política frente al partido hegemónico, lo que provocó el primer gobierno dividido y/o compartido en 1997 y que bajo esta nueva realidad legislativa se adquirió la plena división de poderes en México.